Mejorar la gobernanza es fundamental para garantizar un crecimiento equitativo en los países en desarrollo

SANTO DOMINGO. - El Banco Mundial instó a los países en desarrollo y a los organismos de desarrollo internacional a repensar su enfoque en materia de gobernanza como una de las claves para superar los desafíos relacionados con la seguridad, el crecimiento y la equidad.

Este planteamiento está contenido en el Informe sobre desarrollo mundial 2017: La gobernanza y las leyes, en el que se analiza cómo la distribución desigual del poder en la sociedad limita la eficacia de las políticas. Las asimetrías de poder ayudan a explicar, por ejemplo, por qué las leyes y los organismos anticorrupción modelo a menudo no logran poner freno a la corrupción, por qué la descentralización no siempre mejora los servicios municipales o por qué las políticas fiscales bien diseñadas en algunos casos no reducen la volatilidad ni generan ahorros a largo plazo.

El estudio fue presentado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) por Marco Larizza, especialista senior del sector público del Banco Mundial, co-autor del documento, en el que se observa que, cuando las soluciones normativas y técnicas no logran los resultados previstos, suele responsabilizarse a las instituciones.

Sin embargo, se concluye que los países y los donantes deben adoptar una perspectiva más amplia para mejorar la gobernanza y contribuir a que las políticas den resultado. Se define la gobernanza como el proceso mediante el cual los grupos estatales y no estatales interactúan para diseñar y aplicar políticas, trabajando en el marco de un conjunto de reglas formales e informales que son moldeadas por el poder.

También, expresa que si no se presta mayor atención a la gobernanza, no podrán hacerse realidad los objetivos del Grupo Banco Mundial de poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida, ni la visión transformadora plasmada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de carácter más amplio.

“La experiencia demuestra claramente que el desarrollo, no solo es cuestión de recursos materiales, sino también, tal vez en mayor medida, depende de la forma en que la sociedad se organiza y toma sus decisiones, así como del modo en que los procesos políticos distribuyen y redistribuyen de manera continua, el poder entre las instancias y los ciudadanos”, apuntó Rolando M. Guzmán, rector del INTEC, previo a la presentación del Informe.  

Durante la actividad, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Isidoro Santana, planteó que “en la República Dominicana llegó el momento de hacer un cambio ya que hay déficits que equilibrar, deudas que pagar, y, sobre todo, hay demasiadas necesidades insatisfechas, en seguridad ciudadana, social, salud e infraestructura”.

Consideró que se debe mejorar el funcionamiento del Estado y observó que para ello hay que pagar más, y las vías más expeditas van por seguir controlando la evasión y eliminar exenciones.

Aseguró que “nunca me ha parecido buena idea ninguna política de incentivos que exima del pago de impuesto sobre la renta, para nadie y bajo ninguna circunstancia. Entiendo que el Estado debe buscar la forma de que el aparato productivo pueda operar bien, con eficiencia, que produzca bien y que los capitalistas ganen dinero, pero después que paguen sus impuestos”.

Según el estudio, la distribución desigual del poder puede excluir a determinados grupos y personas de las recompensas y beneficios de la participación en las políticas. No obstante, es posible generar un cambio significativo con la participación y la interacción de los ciudadanos (a través de coaliciones destinadas a modificar los incentivos de quienes toman las decisiones), de las élites (mediante acuerdos entre los funcionarios responsables de tomar las decisiones para restringir su propio poder), y de la comunidad internacional (a través de la influencia indirecta para modificar el poder relativo de los reformadores nacionales).

En el informe se proponen principios para orientar la reforma y cambiar la dinámica de la gobernanza a fin de lograr un desarrollo equitativo. Además, se concluye que las políticas adecuadas suelen ser difíciles de introducir y aplicar, dado que en algunos casos los grupos de la sociedad que se benefician del statu quo son suficientemente poderosos como para resistir las reformas necesarias para cambiar el equilibrio existente.

Luego de la presentación del informe, se realizó un panel de discusión, moderado por el pasado rector Rafael Toribio, quien actualmente coordina El Diálogo INTEC para la Acción; en el que participaron Magdalena Lizardo, directora del Grupo de Consultoría Pareto; Leopoldo Artilez, especialista sectorial de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) del MEPyD; Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) y Addys Then, directora ejecutiva de Alianza ONG.