Especialistas afirman penalización del aborto pone en riesgo vida de las mujeres más pobres
SANTO DOMINGO. –“Penalizar el aborto en todas las causales no salva ninguna vida, solo pone en riesgo la vida de las mujeres que tienen menos acceso a recursos y a las más pobres”, a esta conclusión llegó la ginecóloga Lilliam Fondeur, al participar en el conversatorio virtual “Derechos de las mujeres y la interrupción del embarazo por causales”, organizado por un conjunto de organizaciones.
Fondeur entiende que despenalizar el aborto no hará que incremente la interrupción de los embarazos pues, a su juicio, las mujeres lo hacen de todas formas. Sin embargo, consideró, que ponen en riesgo sus vidas y esto depende de su edad, condición social y económica. “Las mujeres que tienen la capacidad y los recursos para interrumpir el embarazo, lo interrumpen y lo van a interrumpir”.
Durante la primera jornada de intercambio virtual organizada por la Red Defensoría de Derechos Humanos, Mujeres y Jóvenes y Organizaciones de Sociedad Civil, el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Oxfam y Profamilia, la especialista ponderó que para interrumpir un embarazo en República Dominicana la ley ata las manos a los médicos a nivel público, pero no a nivel privado y, sobre todo, concibe a las mujeres como personas que no tienen derechos ni siquiera de decidir por su propio cuerpo.
“Cuando vas al sector público están con las manos atadas, pero en el sector privado tiene otras habilidades y recursos. Al final de cuentas, lo que estamos penalizando es la pobreza, porque muchas veces las mujeres utilizan la interrupción del embarazo voluntario por múltiples causas”, entiende la especialista.
Resaltó que en el Servicio Nacional de Salud había cuantificado una disminución a finales de 2019, pero con la pandemia generada por el COVID- 19 la cifra creció, debido a que aumentó la violencia, las violaciones y se ha dificultado el acceso a los métodos anticonceptivos, esta última una traba muy grave que afecta el país.
De su lado, Indiana Jiménez, abogada especialista en derechos humanos, consideró que la penalización del aborto en el Código Penal es excesivamente drástica, desproporcional e irracional, ya que plantea limitar y penalizar hasta el flujo de información.
“No existe tal cosa como el aborto libre, en todos los países el aborto está regulado legal y sanitariamente. Los países con regulaciones menos prohibitivas tienden a garantizar en mayor medida los derechos de las mujeres a la dignidad, integridad personal salud e intimidad”, resaltó la abogada.
El aborto y los derechos humanos
La evidencia sugiere que las leyes que restringen el aborto empujan a las mujeres a someterse a abortos inseguros y estas mueren a consecuencia de dichos abortos. Así lo entendió Ivanna Molina, abogada feminista.
Resaltó que un estimado de un 13 % de muertes maternas a nivel mundial se atribuyen al aborto inseguro y la Organización Mundial de la Salud lo registra en el tercer lugar por razones de muertes maternas a nivel global.
“El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que el derecho a la salud de las mujeres requiere la despenalización del aborto, por lo menos en ciertas circunstancias”, dijo Molina.
Para la jurista, despenalizar el aborto en las tres causales: cuando el embrión sea inviable para vida o presente malformaciones; bajo el riesgo de vida de la madre y cuando el embarazo sea el producto de una violación sexual y/o incesto, permite un ejercicio autónomo de la mujer en base a sus creencias, libertad religiosa y de condiciones.