CEG-INTEC propone creación de instancia responsable de la ejecución de las medidas de alejamiento

SANTO DOMINGO.- En ocasión del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a 59 años del asesinato de las Hermanas Mirabal, el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) levanta su voz y de manera enérgica y exige al dominicano políticas integrales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres adultas, adolescentes y niñas.

La violencia contra las mujeres sigue siendo un grave problema de salud pública y de derechos humanos, vivimos en medio de una cultura de violencia que consterna, cada día los medios traen relatos bochornosos que reflejan que en República Dominicana la vida de las mujeres no tiene ni protección ni el apoyo de las instancias estatales responsables de garantizarla.

La violencia intrafamiliar y de género tiene múltiples expresiones, en las que el feminicidio es la más drástica, pero la Procuraduría General de la República afirma que vamos disminuyendo la violencia por una supuesta disminución de los feminicidios. Esta violencia que nos arropa se expresa en los embarazos en adolescentes, cuando no se investiga si son frutos de violaciones o incesto, en la violencia contra mujeres en centros hospitalarios que reciben insultos en los servicios de ginecología y obstetricia, en el abandono a mujeres en edad adulta por la ausencia de una política eficaz para su protección en todas las etapas de la vida, la violencia económica que obliga a muchas madres adolescentes y adultas a mendigar una provisión alimentaria para sus hijos e hijas, es violencia que se haya detenido el proceso de establecimiento de una política de igualdad de género en el Sistema Educativo, constituye una violencia que se falsifiquen las firmas de mujeres para otorgar libertad a sus agresores y potenciales asesinos.

Tenemos años contando feminicidios, acumulando datos estadísticos y presentando su reducción por parte de las autoridades competentes.  En lo que va del año 2019, han ocurrido en el país 70 feminicidios según la forma de medición de la Procuraduría General de la República, pero sabemos que son muchas más porque solo incluyen a las ocasionadas dentro de una relación de pareja.

Las acciones desplegadas hasta ahora no han implicado una estrategia para modificar la realidad por lo que nos parece irresponsable contar muertas cuando cada día la vida de miles de mujeres corre peligro y son asesinadas por las fallas existentes en el sistema, que no protegió sus vidas. Muchas de estas muertes ocurrieron después de haber buscado ayuda sin encontrarla por lo que son imputables al Estado y a la entidad que tiene la responsabilidad en la atención a la violencia. Esta responsabilidad señala la ausencia de una verdadera política de protección para las mujeres, de un posicionamiento que integre a todos los actores involucrados para garantizar protección a sus vidas.

Solo en el año 2018 se registraron 1,290 casos de abusos sexuales, alrededor de 2,004 casos de seducción a menores de edad y 308 casos de incesto. A pesar del aumento del número de denuncias de violencia contra las mujeres e intrafamiliar, la respuesta del sistema de justicia no ofrece la protección, ni las garantías para preservar sus vidas, pues se emiten órdenes de protección que no son ejecutadas ni reducen el riesgo de perder la vida a causa de la violencia machista que prevalece en nuestra sociedad.

¿Cómo se puede jugar al engaño con el dolor de cientos de familiares que han perdido a sus hijas de manera trágica?, ¿Cómo se puede afirmar disminución como una ganancia cuando los hijos e hijas, huérfanos de la violencia, que son más de 325 en este 2019, tienen vivo el dolor de su separación? Resulta una crueldad afirmar estos datos pues el compromiso debe ser que ninguna mujer sea asesinada.   

Ante la situación de desprotección que afecta a la mujer dominicana, el Centro de Estudios de Género del INTEC demanda:

1. Atención oportuna para las denuncias de violencia, que se actúe con debida diligencia para tomar las medidas apropiadas y garantizar la integridad de las mujeres denunciantes, que
2. Cese la firma de acuerdos con agresores y el uso indiscriminado de las garantías económicas.
3. La creación de una instancia responsable de la ejecución de las medidas de alejamiento, para proteger la vida de las mujeres.
4. El establecimiento de un espacio de atención especializada a hombres con conductas violentas, con la implementación de un programa preventivo que no esté limitado a hombres en procesos judiciales y que sea coordinado por el Servicio Nacional de Salud.
5. La generación de estadísticas cuyas fuentes sean confiables y obtenidas de manera científica, incluyendo todas las formas de violencia que se registran en la sociedad dominicana. Estadísticas que permitan la toma de decisiones y la formulación de acciones efectivas para la prevención de la violencia con una correcta tipificación y de manera más detallada, como los casos de violencia y delitos sexuales por edad, género de quién comete el crimen, estado civil, nivel de educación y estrato económico.
6. Aprobación de la Ley Integral para la Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres.
7. Que se dé continuidad a la elaboración de la política de igualdad en el sistema educativo público para el cambio de los imaginarios violentos y de las relaciones de desigualdad que persisten, en independencia de credos religiosos, los cuales han sido un obstáculo para el avance de una educación en derechos y laica.